El pasado 4 de junio de 2026, desde la más alta tribuna del país, es decir, desde la célebre Mañanera de la Presidencia de la República, con clara intención de manipular, se habló sobre el desempeño de la economía de Sinaloa. Se afirmó que está en pleno proceso de crecimiento, y que hay dolo y mala intención en aquellos que sostienen la existencia de una grave crisis estructural y coyuntural. Se utilizaron datos estadísticamente engañosos, y sobre ellos se construyó una falsa narrativa oficial.
En su sección de la Mañanera, y en presencia de la presidente Claudia Shienbaum, Luisa María Alcalde señaló que Sinaloa es un estado de maravilla en materia de crecimiento económico. Se refirió a la enorme creación de empleos, al fuerte incremento en la inversión extranjera y a que Sinaloa ya está en cuarto lugar nacional en crecimiento económico.
Pero sus datos engañan abiertamente. El crecimiento estadístico que presentó es un efecto de rebote ocurrido en 2024 en el sector agrícola, año donde la sequía acabó con la agricultura. Pero ante esta enorme caída, cualquier recuperación en el 2025 resulta magnificada, y ello da la sensación de que la economía en su conjunto creció. Pero en el 2025 no hay una recuperación real de los sectores productivos.
Pero la pregunta correcta que hay que plantear no es cuánto se creció, sino cuáles son las condiciones reales en que vive la población. La sola respuesta desnunda la falsedad del optimismo con que se ve a Sinaloa desde Palacio Nacional.
El dato de crecimiento no refleja una recuperación estructural ni un alza sostenida en la economía estatal. En el desagregado del INEGI, es posible observar que, a tasa anual, solo el sector primario tuvo una leve mejora en su producción, mientras que el secundario y terciario tuvieron fuertes caídas. En otras palabras: en 2025 la agricultura creció porque en 2024 fue muy afectada por la sequía. Pero el resto de la economía, la que genera empleo urbano, la manufactura, comercio, servicios, continuó deteriorándose de forma acelerada.
Aún y cuándo las cifras oficiales, que estadísticamente producen un espejismo de crecimiento, la realidad muestra que en la economía de Sinaloa todavía persisten señales de grave debilitamiento estructural debido al cierre de empresas, pérdida de empleos y una fuerte caída en la inversión extranjera directa.
Los números de empleo es donde la crisis muestra su rostro más humano y más difícil de manipular. Durante los casi dos años que lleva la disputa entre grupos del crímen organizado, Sinaloa ha perdido empleos en prácticamente todos los meses.
La Coparmex-Sinaloa calcula 7,000 empleadores menos y 36,000 empleos perdidos. Más de 2,000 negocios cerraron definitivamente. También el robo violentos de vehículos ya superó la cifra de 10,000. Este dato no es solo de seguridad. Es un indicador de los costos de operación que enfrentan las empresas, sobre todo las de transporte y logística que es vital para una economía agroexportadora. Las condiciones de inversión cayeron, y nadie sabe hasta cuándo llegarán señales de recuperación.
Este cierre de empresas y la destrucción del empleo formal ya no es un fenómeno coyuntural. Es expresión clara del colapso de la confianza empresarial. Cuando los empleadores desaparecen, no regresan con facilidad. Cada negocio cerrado representa capital humano desaprovechado, redes comerciales destruidas y familias que migran o caen en la informalidad.
Pocos datos ilustran con mayor brutalidad la magnitud del colapso que la evolución de la inversión extranjera directa (IED). Según las cifras de la Secretaría de Economía, Sinaloa normalmente recibe inversiones de al menos 250 millones de dólares al tercer trimestre del año. Al tercer trimestre de 2025, en contraparte, los datos muestran a Sinaloa en un nivel de inversión nunca antes visto: solo 1.6 millones de dólares, resultado neto de empresas que invirtieron y otras que desinvirtieron.
La inversión extranjera directa cayó 87% en la primera mitad de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. El estado recibió 34.3 millones de dólares, una cantidad inferior a los 262.8 millones de un año antes. En hotelería y servicios de alimentos y bebidas, la inversión se redujo de 64.7 millones de dólares a apenas 5.6 millones.
El número de empresas que recibieron inversión extranjera también ha venido disminuyendo: durante 2023, antes de la guerra entre narcos, había 243 empresas con flujos extranjeros, en 2024 fueron 225, y en 2025 son apenas 135. El colapso en la inversión extranjera es la señal de alarma que anticipa una crisis de largo plazo. El capital requiere años de estabilidad sostenida que hoy por hoy no existe.
Esta contracción no tiene precedente histórico en los registros disponibles. El capital extranjero, que es por definición el más sensible a la percepción de riesgo, prácticamente está abandonando Sinaloa. Y lo que el capital externo señala, el capital interno también lo percibe: el estado se ha convertido en una zona de alto riesgo para la inversión productiva.
La crisis de seguridad y la debilidad productiva han llevado a la economía sinaloense a su peor nivel de Producto Interno Bruto per cápita desde 2015. Esta es quizás la cifra más reveladora de todas. Retroceder una década en este indicador significa que el sinaloense promedio hoy vive en condiciones materiales similares a las de hace diez años, con la diferencia de que ahora enfrenta niveles de violencia e incertidumbre mayores.
El retroceso de una década en el PIB per cápita revela que la crisis sinaloense no es solo producto de la violencia: es el resultado acumulado de un modelo económico primario-exportador que ya no genera riqueza suficiente para hacer crecer al toda la economía.
A la crisis interna se suma un factor exógeno de gravedad: el abandono presupuestal de la Federación. El estado de Sinaloa fue olvidado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Para ese año, el gasto federalizado tuvo una disminución del 0.9%, situándose en 66,174 millones de pesos, cifra menor a la que fue asignada en el año 2020. Las aportaciones en favor de la educación y la agricultura también fueron recortadas.
En un estado que ya sangraba económicamente por la violencia, el gobierno federal optó por recortar en lugar de rescatar. Este dato debe leerse también en su dimensión política: Sinaloa, gobernada por un mandatario bajo presión legal y por su asociación con el crímen organizado, no recibe el trato diferenciado de emergencia que una crisis de esta magnitud exigiría. El resultado es una doble desprotección: en Sinaloa el Estado mexicano retrocede, tanto en seguridad como en inversión pública.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, el 80.5% de la población de 18 años y más en el estado de Sinaloa considera que su entorno más cercano es inseguro. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana mantiene a Culiacán entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país. En marzo de 2026, el 84.4% de la población adulta consideró inseguro vivir en la ciudad.
Cuando más de cuatro de cada cinco ciudadanos perciben su entorno como inseguro, las consecuencias económicas son inevitables: se reduce el consumo fuera del hogar, se cancelan inversiones, se restringen horarios comerciales, se encarecen los seguros y la logística y, lo más costoso en el largo plazo, se produce emigración de capital humano calificado que ya no regresa.
En Sinaloa, la inseguridad pública sigue siendo el principal determinante de la economía regional. Pero, desafortunadamente, aún no ve la luz al final de túnel. Durante este 2026 se han agudizado la crisis de inseguridad, el deterioro de la economía, y la disminución en la calidad de vida de la población. Ninguna de estas variables están siendo atendidas por instancias de gobierno federal, estatal o municipal.
La fragilidad económica continua teniendo consecuencias fatales para un gran número de negocios. Pero también, si la economía regional no se moderniza ni muestra avances, provocará un mayor desgaste político y económico que seguramente multiplicará la problemática social.
La economía de Sinaloa atraviesa una crisis real, profunda y multicausal que los indicadores estadísticos ocultan más de lo que revelan. El empleo formal se destruye, la inversión huye, el PIB per cápita retrocede una década, el presupuesto federal se recorta y la percepción de inseguridad cada día alcanza niveles históricos.
De todo lo expuesto, la conclusión es incómoda: Sinaloa no enfrenta una crisis de coyuntura, sino un proceso de regresión económica estructural que, para revertirse, requiere al menos tres condiciones que hoy no existen: seguridad pública, inversión pública de emergencia con visión productiva, y el rediseño del modelo económico que diversifique los sectores productivos y que supere la dependencia del monocultivo agrícola. Sin ese triple imperativo, la expresiones presidenciales en la Mañanera, seguirán siendo lo que son: cifras que consuelan al poder y confunden a la opinión pública, mientras Sinaloa acumula un rezago que, si se prolonga tomará no años, sino generaciones en superar.
Aarón Sánchez
Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa
