Cristina Ibarra / Presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana
Cd. de México (08 junio 2025)
Desde septiembre pasado hemos vivido una crisis de inseguridad sin precedentes en Sinaloa, no sólo por las muertes y la violencia entre grupos del crimen organizado, sino por la paralización económica que se vive.
Además de las pérdidas económicas de las familias y empresas a quienes les robaron autos, se suman las pérdidas de los transportes y negocios quemados, así como las ya incontables pérdidas humanas. Y digo incontables porque se habla de alrededor de 1,100 personas asesinadas, pero se reportan más de 1,400 desaparecidos, aunque estos números aún son inciertos, de acuerdo con colectivos de búsqueda.
Aunado a ello, se debe contabilizar la pérdida de vidas inocentes, menores de edad, al menos 39 a la fecha, y personas adultas muertas o heridas como víctimas colaterales.
Así, podríamos hablar de unas 3,000 mil familias cuyas vidas han sido trastocadas, cuyas pérdidas van más allá de la muerte o afectaciones graves hacia un familiar, y que hay una disminución en la capacidad de producción y de llevar a cabo una vida normal derivado de ello.
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